Pagamos impuestos siempre, ¿qué pasa con ellos?

Pagamos impuestos todo el tiempo. Si trabajamos, los pagamos. Si consumimos, los pagamos. Si nos morimos, los pagamos a través de nuestros herederos. Así es la vida social: no podemos vivir sin darle al Estado una porción de nuestros ingresos, por más que busquemos evitarlo. ¿Qué pasa realmente con ellos? ¿Cómo se define en qué serán gastados?

En México, lo que sucede en las arcas gubernamentales suele ser una caja negra para la mayoría de los ciudadanos. Nos enteramos, si acaso, del final del proceso, cuando los políticos ya están discutiendo si tal tren tiene o no sentido, si los porcentajes de deuda externa son muy elevados o si conviene combatir la pobreza mediante apoyos directos. Se nos hacen las “retenciones” y vemos el corte de listón para inaugurar una carretera, un hospital o un gimnasio público. Pero desconocemos qué pasa en medio y quizás haya pocas acciones públicas más importantes que esta. ¿Acaso no es esto todo lo que deseamos de nuestra democracia: que los políticos elegidos gasten bien el dinero público? ¿Cómo podemos exigir bien si ni siquiera entendemos nada?

En este número te explicamos lo mínimo que tienes que saber sobre el proceso que sigue el gobierno para gastar los impuestos. Hagamos una caminata a través de la burocracia mexicana.

Pablo Ortiz-Monasterio, Novossibirsk’s Girl, Akadem Gorododok, 2014. Consultado en: https://almanaquefotografica.com/artist/pablo-ortiz-monasterio/?a=324

Los puntos clave del tema

Antes de entrar a los vericuetos legales del presupuesto hay que reconocer algo fundamental: la cantidad de recursos económicos con los que cuenta un Estado es crítica para el cumplimiento de sus funciones. No podríamos hablar de la provisión de servicios públicos como salud, educación, cultura, seguridad, fortalecimiento energético, etc., si no fuera porque cada ciudadano contribuye a las arcas públicas. Por ello, en abril de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le envía al Congreso de la Unión un pronóstico de la economía nacional, iniciando el famoso proceso de “Programación y Presupuestación”, mediante el cual se calculan los ingresos que el país tendrá el próximo año, la Ley de Ingresos de la Federación, y el nivel máximo de gastos que el gobierno podrá hacer, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En otras palabras, el dinero que entra y el dinero que sale. Desglosemos ambos.

Ingresos

Para el Ejercicio Fiscal de 2020 nuestro gobierno contempló ingresos de $6,096,335,800,000 de millones pesos , que obtendrá mediante dos vías principales y en las siguientes proporciones:

• Ingresos ordinarios. Provienen de impuestos (57%), derechos, venta de bienes y prestación de servicios de organismos y empresas paraestatales (17%).

• Ingresos extraordinarios. Provienen de recursos que no se obtienen de manera regular, como la enajenación de bienes nacionales, la contratación de créditos externos e internos, o la emisión de moneda por parte del Banco de México.

Como era de esperarse, ¡la mayoría de los ingresos del gobierno de México provienen de los impuestos! Ante esta situación se vuelve crucial para los ciudadanos conocer cómo se pueden gastar estos recursos. Finalmente se trata del dinero de todos, ¿no?

Gastos

Como ya mencionamos, la totalidad de recursos que el Estado mexicano puede gastar para alcanzar sus objetivos, estrategias y proyectos se encuentra establecida dentro del PEF. ¿De qué tamaño es este monto? ¡Del mismo que los ingresos! Cada año, el Estado mexicano debe gastar todo a través de dos rubros:

• Gasto programable. Es el gasto destinado a proveer de bienes y servicios públicos a la población y se clasifica de tres maneras:

  • Clasificación funcional: ¿para qué se gasta? Se destinan recursos según los objetivos socioeconómicos que se persiguen, por ejemplo, desarrollo social y económico y el funcionamiento del gobierno.
  • Clasificación económica: ¿en qué se gasta? Los gastos se dividen en inversiones y gasto corriente. Las inversiones incrementan el patrimonio público y el gasto corriente no. En esto último se incluyen los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos y las pensiones.
  • Clasificación administrativa: ¿quién lo gasta? La totalidad del presupuesto se distribuye entre distintas instancias públicas, por ejemplo, entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, Poder Ejecutivo y Poderes y Órganos Autónomos.

• Gasto no programable. Es el que se destina al cumplimiento de obligaciones como pagos pendientes de años anteriores, gastos destinados a cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda, y recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales.

De ambos tipos, el que tiene mayor importancia, tanto por la cantidad como por el destino de los recursos, es el gasto programable, que en el 2020 representa el 72% del total del presupuesto.

Algunos controles al gasto gubernamental

El gobierno no puede gastar como se le dé la gana o, cuando menos, hay leyes que tratan de evitarlo. Por ejemplo, la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” es clave, pues norma todo lo que dice su nombre: compras, rentas de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. También está la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, que no hace falta explicar qué regula. Finalmente, hay un “Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea la ejecución del presupuesto: servicios personales, materiales y suministros, transferencias, subsidios, bienes muebles e inmuebles, inversión pública, inversiones financieras, etc.

Además hay 3 procedimientos de contratación que puede usar el gobierno:

• Adjudicación Directa. Se le da el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia, sin competencia. Se puede hacer con contratos de hasta $474,000 pesos.

• Invitación a cuando menos tres personas. Compiten en igualdad de condiciones por lo menos tres licitantes. Se puede hacer con contratos de entre $474,000.01 hasta $3,271,000.00 pesos.

• Licitación Pública. Se hace una convocatoria pública y el Estado se obliga a adquirir el bien o servicio de aquel que ofrezca las mejores condiciones de contratación. Es un procedimiento competitivo y se hace con contratos superiores a $3,271,000 pesos.

Hasta aquí las leyes son claras, pero ¿Cómo asegurarnos que se cumplan? Respuesta anticipada: no se cumplen cabalmente. ¿Por qué?

Pablo Ortiz-Monasterio, Stabilizer, Akadem Gorodok, 2014. Consultada en: https://almanaquefotografica.com/artist/pablo-ortiz-monasterio/?a=316

Pobre rendición de cuentas

Si bien cada año el Poder Ejecutivo somete a la autorización del Poder Legislativo la propuesta de gasto anual en busca de que se rindan cuentas a los ciudadanos, esta acción se devalúa cuando se sabe de antemano que mucho de lo que se aprueba no es lo que se ejerce. En la práctica, el presupuesto se torna una caja negra que va revelando su contenido conforme se va ejecutando. Ahí va la explicación. Aunque mucho de lo que se gastará va previamente “etiquetado”, la mayoría se termina gastando según las condiciones e intereses del momento. Mientras las distintas secretarías no rebasen el monto límite y reporten en qué lo gastaron, se puede cambiar el destino de los recursos. Esto genera gran discrecionalidad para asignar el dinero público durante el ejercicio fiscal. Dado que la ejecución del presupuesto puede cambiar fácilmente, se suele usar para financiar los intereses políticos de grupos particulares, no para mejorar las condiciones de la población. A final, el Congreso no funge como un verdadero contrapeso político en la revisión y análisis del presupuesto, y mucho menos cuando la mayoría es del mismo partido que el presidente. Adicionalmente, la SHCP, encargada de implementar controles, es juez y parte en el proceso, considerando que el titular es nombrado por el Ejecutivo Federal.

Tampoco hay que caer en extremos. Es entendible que se modifique el presupuesto aprobado para cumplir nuevos objetivos, atender crisis (pensamos en los sismos de 2017 y la contingencia sanitaria de este año) y solventar obligaciones cambiantes, como el tipo de cambio y el precio del petróleo. Sin embargo, el cambio excesivo en el presupuesto aprobado puede anular los incentivos para llevar a cabo una correcta planeación de los programas y proyectos. ¿Cómo equilibrarlo? Esta es la discusión ciudadana que deberíamos de detonar.

Muchas gracias por leernos, buena semana.

* Escrito por Benjamín Castro, Lic. en Ciencia Política (ITAM) y Director Editorial de Mínimo Necesario y Diego Padilla, Lic. en Ciencia Política (ITAM) y Subgerente de Planeación Estratégica del Banco del Bienestar.

Autor

  • Licenciado en Ciencia Política (ITAM) y Director Editorial de Mínimo Necesario. “Sólo tu corazón caliente, /Y nada más. / Mi paraíso, un campo / Sin ruiseñor / Ni liras, / Con un río discreto / Y una fuentecilla.” — Federico García Lorca.

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